PAÍS FOCO
Julio-Agosto 2014
Construcción Latinoamericana
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calidad
porunplazode20años.Contraeste servicio,
recibirá de la alcaldía un pagomensual pre-
fijado y corregido por la inflación por el
tiempo del contrato.
La diferencia radica en que Odebrecht
está logrando poner en funcionamiento
las escuelas en sólo ocho meses, mientras
que el Estado solía tomarse hasta más de
dos años para llegar al mismo objetivo.
La presión del contrato, nuevamente,
hace que la constructora elija materiales
pre-fabricados y coordine la compra de
muebles y contrataciónde serviciosmientras
construye. Hasta ahora, se han inaugurado
seis unidades, posibilitando la asistencia de
2500niños de entre 0 y 5 años a las escuelas
y guarderías públicas. Se prevé que hasta fin
del año se entregarán 24 nuevas unidades.
En este caso, sigue siendo responsabilidad
del Estado proveer y entrenar los profesores.
Lo anterior son solodos ejemplos, perohay
varios otros a lo largo del país. El gobierno
del estadodeSaoPaulo está convocandouna
APP para ensanchar ymantener la carretera
Tamoios, por 30 años. En la capital del
estado, la ciudad de Sao Paulo, se estudia
una APP de cerca de US$1.500 millones
para mejorar y mantener la iluminación
pública. En Curitiba, finalmente podrá
ver la luz del día el antiguo proyecto de
construcción de unmetro porque la alcaldía
llamó a una APP por un valor cercano a los
US$8.200millones.
Algo nuevo y fresco está pasando en el
ambiente de la gestión pública brasileña,
trayendo promesas de realizaciones más
efectivas en un plazo más acorde a las
expectativas de la gente.
EL GRAN CAMBIO
El mecanismo legal de APP existe en Brasil
desde 2004, pero prácticamente no se
utilizó hasta 2013. Prueba de ello es que
en 2012 sólo se firmó un contrato bajo esta
modalidad, mientras que durante el año
pasado fueron 11 los convenios suscritos.
De acuerdo al abogado y fundador del
Observatorio de las APPs de Brasil, Bruno
Pereira, el momento de cambio sucedió
tras la posesión de cargos de los nuevos
gobernadores de los estados en 2011. En
ese entonces, las nuevas administraciones
empezaron a utilizar conmás intensidad un
instrumento legalqueyaestabareglamentado
desde antes, llamado Procedimiento de
Manifestación de Interés (PMI). Según
Pereira, éste es el alma del nuevo panorama
de asociaciones entre el poder público y la
iniciativa privada enBrasil.
El PMI no es nada más que un
comunicado oficial de cualquier instancia
ejecutiva del Estado (municipios, estados o
la federación), manifestando su interés en
que determinado proyecto sea realizado bajo
ciertas condiciones. Al publicar un PMI,
el poder público establece un conjunto
de elementos de ingeniería y servicios que
desea ver puestos enmarcha para tal o cual
proyecto. Y se abre a recibir propuestas
venidas de las empresas que se proponen
realizarlo. Habrá casos en que la inversión
será 100% privada (cuando el retorno sea
mediante tarifas al usuario final) y otros
en que el financiamiento es compartido
(cuando el retorno vía usuario haría la tarifa
impagable, o en casos de infraestructuras
sociales como las escuelas públicas).
La gran ventaja es que cuando se publica
un PMI, el poder público no tiene que
hacer el proyecto completo. Cabe a los
especialistas de las empresas encontrar la
mejor concepción de ingeniería que atienda
los intereses del Estado e invente las manera
más inteligentes de ahorrar costos, acortar
plazos de entrega y agregar eficiencia
operacional que le permita maximizar el
retorno de su inversión.
“El poder público brasileño no está
preparado para tomar decisiones de compra.
No es un comprador inteligente para cosas
simples yno lo serápara contratos complejos
de 20 o 30 años. El PMI fue transformador
porque de cierta forma dio solución a este
El gobierno del estado de Alagoas lanzó su
primera APP para construcción de un sistema
de alcantarillado.
La carretera Tamoios, en Sao Paulo, será
ensanchada ymantenida por 30 años luego
que se firme el contrato.
